OAXACA ENTRE EL ESTANCAMIENTO ECONOMICO Y REVUELTAS POLITICAS DEL PORFIRIATO EN OAXACA
Para abordar el tema es necesario partir de una definición del caudillismo que, aunque obviamente no totalizadora, brinde una serie de elementos esenciales para la discusión de una realidad del último cuarto de siglo del México decimonónico. Al respecto se señala que el régimen de un caudillo es el de:
un gobierno personalista y cuasi militar de origen y base económica provinciales, que cumplió cierta función de integración nacional en las épocas de decadencia o debilitamiento de una autoridad central efectiva. El caudillismo no fue nunca socialmente revolucionario, pese a que en ocasiones los caudillos hayan podido sentirse solidarios de una determinada ideología.[ 1 ]
Resaltan varias características en la anterior definición. El ser del régimen reside en una persona que ha llegado a tal posición, casi siempre, como resultado de un alzamiento militar, o a partir de lo que en la terminología del siglo XIX se dio en llamar "producto de la última revolución". El caudillo finca su base de operación, sus apoyos militares y financieros en una o varias regiones, donde los intereses locales apuestan por el triunfo de la causa, sabiendo que ello le dará oportunidades de aumentar y consolidar poder político y económico, siempre frente y en contra de otro grupo con intereses diferenciados. Respecto de su postura ideológica, cualquier definición tiende a la universalidad y por lo tanto es excluyente de las particularidades de las regiones y del desarrollo histórico de un determinado país. Lo anterior quiere decir en forma concreta que, al encabezar el caudillo un alzamiento y llegar al poder bajo las banderas de un proyecto de reforma, su gobierno podrá asumir como propia una serie de reivindicaciones sociales conceptualizadas por personas ajenas al inicio y desarrollo de "la revolución". Pero, por el otro lado, existe la posibilidad de que el régimen caudillista se afiance como un freno y al mismo tiempo como remedio efectivo, necesario, a un elemento básico que contiene la anterior definición, referido ello a la conceptualización y necesaria existencia de un gobierno con suficiente poder que actúe frente a la desintegración del Estado que antes había sido una unidad.[ 2 ] El hecho de tener una "autoridad central efectiva" nos lleva a un elemento de principal importancia: las bases de legitimidad que le dan sustento.
Peter Smith ha visto las dictaduras no como una aberración del fenómeno del caudillismo hispanoamericano, sino como una manifestación que se explica a partir de la cultura política regional y que puede rastrearse a lo largo del proceso histórico de la construcción del Estado nacional en América Latina. Para la cultura política hispanoamericana, la búsqueda y la consecución de la legitimidad por parte del hombre fuerte lo pone en la creencia de que el pueblo acepta la distribución del poder político como justa y apropiada, porque vislumbra un beneficio social que redundará en mejoras materiales para su propia sociedad. La legitimidad provee la racionalidad para que se verifique una aceptación generalizada y una sumisión voluntaria a la autoridad política. Bajo este esquema, las reglas que impone el caudillo son estables, precisas y de aplicación universal.[ 3 ] Por el contrario, un líder que no puede afirmarse a partir del uso de los valores tradicionales, carismáticos, legales o la combinación de los tres, lo pondrá ipso facto en una situación de ilegitimidad o de vacío de legitimidad que necesariamente engendrará un estado donde se cuestionen las bases que dan sustento a su autoridad.
Smith propone explorar la legitimidad política a partir de dos categorías que se derivan inmediatamente de la cultura hispanoamericana. La primera es el dominio, y éste se ejerce a partir de los que están en el poder.[ 4 ] El dominio tiene como principio que la ley del caudillo adquiere fuerza cuando una mayoría comienza a obedecerla; sin embargo, una consecuencia negativa de este tipo de legitimación es la incertidumbre.[ 5 ] Es posible establecer que el dominio será largo, siempre y cuando exista una situación dominante. Pero por definición, la disminución y pérdida del poder implica un quebranto de esa legitimidad.
A la segunda categoría el autor la ha llamado achievement expertise, que es usualmente la habilidad para realizar logros económicos específicos. En este sentido, el poder y la autoridad deben estar en las manos de aquellas personas que tienen el conocimiento y las capacidades para ejercerlo. La legitimidad, que en este particular caso despliega la autoridad, depende del deseo de la sociedad por conseguir un logro material y, por el otro lado, la legitimidad se obtiene a partir del compromiso y luego la consecución que el caudillo adquirió en lograr un determinado objetivo, no importando los medios utilizados para conseguirlo.[ 6 ] La observación tolerante de la legislación liberal-juarista, luego la creación de infraestructura y modernización del país, así como la implantación de una paz duradera iniciada durante el régimen de Porfirio Díaz, continuada por Manuel González y afianzada por Díaz, el caudillo en el poder, son un verdadero ejemplo de la forma como las administraciones llamadas porfirianas (1876-1880, 1880-1884, 1884-1911) obtuvieron la legitimidad necesaria, no solamente para llegar al poder sino en particular para desarrollar auténticos programas de gobierno.
José Luis Romero no está de acuerdo acerca de que la legitimidad de los caudillos pueda edificarse con el correr del tiempo, tampoco de que el logro de una estabilidad política y de la modernización que pueda alcanzar el país durante la gestión caudillesca contribuyan a la construcción de una legitimación. Para él, el caudillo ha sido y es siempre una autoridad de facto y sus acciones, a pesar de todo el carácter integrador que pueda otorgársele, siempre serán políticas autoritarias.[ 7 ] En este mismo tenor crítico, Antonio Annino ha afirmado que, durante la primera mitad del siglo XIX, las elites del pensamiento liberal e inclusive los conservadores en Hispanoamérica consideraron que, al término del proceso emancipador, el necesario desarrollo y afianzamiento de las instituciones públicas se vio "traicionado por un nuevo actor político, el caudillo, cuyo poder arbitrario y personal limitó la soberanía de las leyes e instauró la anarquía".[ 8 ] Efectivamente la inestabilidad señalada por los actores políticos del siglo XIX y examinada por los especialistas era provocada por la frecuencia de los alzamientos militares, por la inobservancia de la legislación y por la atomización de lo que alguna vez fueron entidades cohesionadas a la fuerza, pero controladas por el gobierno español. Sin embargo, al mismo tiempo hay que ponderar que llegó el momento en que las elites que en un principio se habían beneficiado de la falta de una autoridad efectiva posteriormente se dieron a la búsqueda del hombre fuerte que pusiera término a una situación que generaba dificultades económicas e inseguridad lo mismo para el hacendado y el comerciante, que pobreza y leva para el peón del campo y para los trabajadores de la ciudad.
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